En este articulo de la
Universidad de loa Andes narra como estas lacras delincuentes de Alberto
Fujimori y Vladimiro Montesinos utilizaban los peores métodos mafiosos y
corruptos para perpetrarse en el poder por décadas y saquearlo completamente al
Perú.
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Fuente: Colombia Internacional Universidad de los Andeas
Título:La crisis Colombiana y Peru
Autor:Isaias Rojas-Perez[1]
Tema: Percepciones hemisfericas sobre la crisis colombiana
Julio - Diciembre 2004
Páginas: 98 - 123
Palabras Clave
Securitization, terrorismo, derrame, regionalización
Abstract
KeywordsSecuritization, terrorism, spillover, regionalization.
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Fuente: Colombia Internacional Universidad de los Andeas
Título:La crisis Colombiana y Peru
Autor:Isaias Rojas-Perez[1]
Tema: Percepciones hemisfericas sobre la crisis colombiana
Julio - Diciembre 2004
Páginas: 98 - 123
Resumen
Este artículo contextualiza las políticas del Perú frente al
conflicto colombiano en el marco de los discursos securitizadores emergidos en
la región desde finales del siglo pasado. Específicamente, compara los gobiernos
de Fujimori y Toledo para argumentar que, no obstante sus diferencias de
naturaleza política (autoritaria en un caso y democrática en el otro), ambos
gobiernos han securitizado el conflicto colombiano de forma similar, asumiendo
una posición de funcionalidad y resonancia con las orientaciones de Estados
Unidos respecto de la "guerra contra las drogas" y la "guerra global contra el
terrorismo". Sin embargo, se argumenta que mientras Fujimori manipuló el
conflicto colombiano como parte de una estrategia para mantenerse
inconstitucionalmente en el poder, Toledo lo hizo para asegurarla sobrevivencia
de su mandato constitucional.
Palabras Clave
Securitization, terrorismo, derrame, regionalización
Abstract
This article analyzes Peruvian foreign and security policies
regarding the Colombian conflict in the context of the discourses on
securitization emerging in the region in the late twentieth century.
Specifically, it compares the governments of Fujimori and Toledo to argue that,
in spite of their differences in political genealogy (authoritarian and
democratic, respectively), both governments have responded to the Colombian
crisis in similar ways by following U.S. security discourses regarding the "war
on drugs" and the "global war on terrorism". However, while Fujimori attempted
to mobilize the Colombian conflict as part of his strategy to remain in power
for an unconstitutional third term, Toledo has used it to assure the survival of
his constitutional mandate.
KeywordsSecuritization, terrorism, spillover, regionalization.
Aunque el miedo por sí solo no puede ser considerado una
ciencia, ciertamente es una técnica Albert Camus[2]
Introducción
Desde nuestra primera I 1 conversación, en usted V J no
he encontrado vacilación ni duda, no he encontrado cálculo
ni malicia; en usted lo que he encontrado es firmeza para
apoyar la lucha antiterrorista de Colombia . Tales fueron las
palabras con las que el presidente colombiano, Alvaro Uribe, se refirió a su
homólogo Alejandro Toledo, durante la ceremonia oficial con la que éste último
lo recibió en octubre del 2004 [3]. Antes de viajar a Lima,
Uribe había agradecido al gobierno del Perú, sugiriendo que era el único vecino
del que había recibido una colaboración muy estrecha en su lucha contra la
guerrilla[4]. En respuesta,
Toledo dijo que "No podía existir espacio para las ambigüedades en la
lucha contra esa alianza perversa" entre narcotráfico y terrorismo, y
reiteró que su gobierno apoyaba "al pueblo colombiano" en el combate contra
dichas "lacras sociales"[5]. Meses antes, durante su
visita oficial en abril del 2004, Toledo también le había asegurado a Uribe la
plena cooperación de su gobierno en temas de narcotráfico y seguridad
fronteriza[6].
Detrás de este entusiasmado intercambio presidencial había más
que una evidente amistad personal. Estaba también el buen momento por el que las
relaciones entre ambos países atravesaban después del cambio de régimen político
en Perú, en noviembre del 2000. Las mutuas visitas presidenciales eran apenas la
punta del iceberg de un intenso intercambio de cooperación militar, policial y
diplomática que se inició con la llegada de Toledo al poder. El correlato de
este intercambio fue la firma de varios convenios bilaterales para asegurar el
control militar de la frontera—y con ello, según ambos gobiernos, la presencia
del estado en dicha zona. No era de extrañar, entonces, los agradecimientos de
Uribe. A diferencia de los otros vecinos, cuyo escepticismo era mayor, Toledo
había respondido sin reticencias a sus demandas de cooperación para hacer frente
a la guerrilla.
La situación había sido radicalmente distinta durante el
régimen de Alberto Fujimori. En una clara interferencia en los asuntos internos
de Colombia, el ex presidente peruano se movilizó activamente contra los planes
de paz del ex presidente Andrés Pastrana. Más aún, su gobierno quedó
comprometido en un tráfico de armas para la guerrilla colombiana —bajo la
presunta dirección de Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia de Fujimori—
que apuntó a liquidar cualquier plan de solución negociada al conflicto
colombiano. Como no podía ser de otro modo, la abierta injerencia política —y
hasta militar— del gobierno peruano en los asuntos internos de Colombia hizo que
las relaciones entre ambos países llegaran a su punto más crítico en mucho
tiempo.
La paradoja aquí es cómo dos regímenes políticos distintos, y
hasta opuestos, el uno inscribiéndose en la genealogía de la democracia liberal
y el otro más bien inscrito en la del excepcionalismo, han asignado al discurso
antiterrorista el mismo papel en la organización y legitimación del ejercicio
del poder. Al igual que Fujimori, Toledo ha hecho uso del discurso
antiterrorista para producir la sensación de la existencia de una amenaza
inminente contra la democracia y la sociedad peruanas, que él ha prometido
enfrentar aplicando "mano dura" con "firmeza" y "sin ambigüedades".
De este modo, un régimen nacido de las luchas populares contra
el autoritarismo de Fujimori y que se ha reclamado ser de transición
democrática, no ha podido liberarse de la retórica antiterrorista imaginada y
activamente usada por un régimen que, como el de Fujimori, no sólo nació en
medio de la guerra contrainsurgente, sino que hizo de la guerra su modo
principal de hacer política.
¿Qué lugar ha tenido el "conflicto colombiano" en la
configuración de la retórica antiterrorista en el Perú? ¿Qué uso se ha hecho del
mismo para efectos de la política interna peruana? ¿Cómo ha cambiado esto con el
ascenso de la "guerra global contra el terror"? El propósito de este artículo es
contextualizar las políticas del Perú frente al conflicto colombiano en el marco
de los discursos de seguridad que emergen en la región desde finales del siglo
pasado. Específicamente, en este artículo se comparan los regímenes de Toledo y
Fujimori para argumentar que, no obstante las diferencias centrales en su
naturaleza política, las políticas de seguridad frente al conflicto colombiano
de ambos regímenes han tenido en común su funcionalidad frente a las agendas de
seguridad para la región, definidas por Estados Unidos. Dichas agendas se han
desplazado de la "guerra contra las drogas" hacia la "guerra global contra el
terror". Las diferencias emergen de la manera cómo ambos regímenes han utilizado
esa posición de funcionalidad, y la autorización que ella supone, para sus
propios proyectos políticos. Mientras Fujimori utilizó el conflicto colombiano
para mantenerse inconstitucionalmente en el poder, Toledo lo ha usado para
asegurarse un apoyo político vital para afianzar la sobrevivencia de su mandato
constitucional.
I. El "conflicto colombiano": la nueva guerra del
rujimorismo
El 3 de febrero de 1999, el ex presidente peruano, Alberto
Fujimori, pronunció un discurso en el Colegio Interamericano de Defensa en
Washington, en el que criticó duramente el plan de paz del ex presidente de
Colombia, Andrés Pastrana, y abogó abiertamente por una solución militar para el
conflicto colombiano:
"No se puede conversar con una banda de delincuentes
cuyo objetivo principal es destruir la democracia, y la toma del poder
mediante la violencia. No estoy de acuerdo con la posibilidad de resolver este
problema mediante el diálogo. ¿Quién es el legítimo gobierno de
Colombia? ¿El gobierno elegido o las guerrillas?"[7].
Fujimori había criticado el proyecto de Pastrana desde el
principio, pero esperó llegar a Washington para lanzar su controversial mensaje.
Era un momento difícil para Pastrana, pues se disponía a extender por 90 días
más la vigencia de la zona desmilitarizada que había concedido a las FARC, en
noviembre de 1998, pese a que el primer encuentro que debía sostener con Manuel
Marulanda, el líder histórico de las FARC, había fracasado rotundamente por la
inasistencia de este último. Este hecho había aumentado el escepticismo respecto
de las posibilidades reales del plan de paz.
Que Fujimori hablara desde un foro académico militar de
Washington, en un momento crucial para Pastrana, puso de manifiesto que lo que
buscaba era liderar la postura de la "mano dura" en la región. Para ello
movilizó el capital simbólico y político que se le acreditó por haber derrotado
a los grupos armados peruanos y se puso en las antípodas de Pastrana. Si para
este último el supuesto básico era que la guerrilla era una fuerza política
beligerante con la que se podía—y debía—dialogar para lograr la paz, para
Fujimori la guerrilla no era sino un grupo "delincuencial y terrorista", al que
no se le podía asignar ninguna capacidad de interlocución. Lo único que quedaba
por hacer era derrotarlo militarmente, si se quería afirmar la autoridad del
Estado.
Fujimori no se quedó en palabras. Cuatro días después de su
discurso en Washington, el gobierno peruano envió tropas a la frontera con
Colombia. El argumento que se dio fue el de que el Perú tenía que hacer lo
necesario para evitar la "infiltración colombiana" en su territorio. Para
sustentar dicho argumento, Fujimori habló de 17 incursiones de las
FARC a territorio peruano, lo que según él había dejado como
saldo varios soldados y policías peruanos heridos. También habló de acciones de
apoyo de la guerrilla colombiana al narcotráfico[8]. Finalmente, el 12 de marzo,
Vladimiro Montesinos y el alto mando militar peruano viajaron a la localidad
fronteriza de El Estrecho, en la zona del Putumayo, para inspeccionar el
despliegue de cuatro mil efectivos militares a lo largo de la línea
divisoria.
Lo que nadie pudo imaginar, entonces, es que detrás del
aparatoso despliegue mediático de Fujimori en Washington, Lima y la frontera, se
escondió un tráfico de armas a gran escala para la guerrilla colombiana,
presuntamente organizado por Montesinos[9]. Bowen y Holligan (2003: 404)
sostienen que el primer cargamento de diez mil fusiles procedentes de Jordania
para las FARC fue arrojado en paracaídas hacia un área de la selva colombiana
controlada por la guerrilla, pocos días después de la presencia de Montesinos en
la frontera. Según todo lo indica, la injerencia del régimen de Fujimori fue más
lejos de lo diplomático y político: fue también injerencia militar.
Para los propósitos de este artículo importa poco discutir si
el tráfico de armas formó parte o no de una operación encubierta inspirada por
la CÍA, para justificar el escalamiento del involucramiento militar
estadounidense en el conflicto colombiano, tal como ha sido sugerido por varios
analistas[10].
Lo que sí nos interesa destacar, en cambio, es que tanto los
ataques de Fujimori, como la movilización de tropas peruanas hacia la frontera,
formaron parte de una operación mayor de securitización del conflicto colombiano
que se puso en marcha en la región con la llegada de Pastrana al poder. El Perú
no fue el único en movilizar tropas; aún cuando sin la polvareda levantada por
Fujimori, los otros vecinos de Colombia hicieron lo mismo[11]. Fue una operación militar
que una revista peruana llamó aptamente "Cercando a Colombia"[12].
La llegada de Pastrana al poder hizo posible que la crisis en
las relaciones entre Colombia y Estados Unidos durante el mandato de Ernesto
Samper, acusado de haber recibido dinero del narcotráfico parasu campaña
electoral, se revirtiera.
Pastrana llegó al poder con un ambicioso plan de paz cuyos ejes
eran la negociación con la guerrilla y el desarrollo de medidas sociales y
políticas para favorecer el proceso de paz.
Al pasar por el filtro estadounidense, el plan de paz se llamó
Plan Colombia y se convirtió en un plan militar antidrogas, cuyo propósito
central era avanzar sobre el sur de Colombia, que era la zona de mayor
producción de hoja de coca (Isacson 2000; Tickner 2003). En este marco, la ayuda
militar estadounidense inició un escalamiento sin precedentes que llegó a
superar en promedio los montos que el ex presidente Reagan destinó a la guerra
en El Salvador (Isacson 2000).
Lo que nos interesa destacar aquí es que esta operación de
escalamiento no sólo fue militar, sino también discursivo. Es decir, el cerco
que empezó a tenderse sobre Colombia también era discursivo[13]. El movimiento básico que
abrió paso a este proceso fue el gradual desplazamiento metonímico por medio del
cual la "guerra contra las drogas" fue transformada en "guerra
contrainsurgente". Esto ocurre cuando, en su propósito de justificar el
escalamiento de la ayuda militar para Colombia, los principales operadores de la
política estadounidense para la región introdujeron el argumento de que la lucha
antidrogas en ese país no podía ser desarrollada, si no era al mismo tiempo una
lucha contrainsurgente. Entre otros, los generales Barry McCaffrey, jefe de la
oficina antidrogas estadounidense, y Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de
Estados Unidos, se embarcaron desde 1999 en la tarea de convencer al Congreso de
su país de la necesidad de un mayor involucramiento militar para avanzar en la
guerra contra las drogas en Colombia. Para estos funcionarios, la guerrilla se
había constituido en el principal enemigo no sólo por sus vínculos con el
narcotráfico, sino porque bloqueaba las operaciones antidrogas, particularmente
en el sur de Colombia.
Como bien ha sugerido Tickner (2002), la tesis que vinculaba a
la guerrilla con el narcotráfico no era nueva ni eran principalmente los
funcionarios estadounidenses quienes la defendían. Había empezado a abrirse paso
entre los formuladores de política en Washington y Bogotá, hacia mediados de los
90, impulsada, paradójicamente, por el asediado gobierno de Samper (Tickner
2002). Lo que ocurrió con la llegada del Plan Colombia es que la tesis adquirió
una nueva intensidad al consolidarse como eje de las políticas de Estados Unidos
frente a Colombia.
La conversión de la guerrilla en la amenaza central para los
esfuerzos antidrogas, y con ello para la seguridad nacional de Estados Unidos,
no sólo justificó el escalamiento de la intervención militar estadounidense en
el conflicto colombiano, sino también puso en marcha una cristalización
adicional: la idea de que Colombia era una fuente de inestabilidad e inseguridad
para la región. Como tal, era un problema cuyo enfrentamiento concernía a toda
la región. Este es el contexto en el que se acuñó la idea del "desborde"
[spillover] del conflicto colombiano y en el que emergió la figura de Colombia
como país "contaminante"[14].
Esta figura que presentaba a Colombia como "país contaminante"
se construyó sobre el supuesto básico de que el estado colombiano es incapaz de
controlar su crisis interna y mantenerla en el marco de sus fronteras
nacionales. Tickner ha mostrado cómo esta preocupación por la "debilidad" del
estado colombiano inspiró a los formuladores de política estadounidenses,
quienes empezaron a considerar que entre sus objetivos principales debía estar,
junto con la lucha antidrogas, la ayuda a las fuerzas armadas colombianas para
que recuperen el control militar en todo el territorio nacional, como un paso
indispensable para el fortalecimiento del Estado. Mientras este proceso tuviera
lugar, era necesaria una intervención preventiva de largo alcance para evitar el
"desborde".
"Ahora mi centro de gravedad es Colombia[15]
Que Fujimori desempeñara con entusiasmo el liderazgo regional
en el cerco militar y discursivo contra Colombiano teníaquever centralmente con
el potencial "desborde". Sus motivaciones eran otras. Desde 1996, Fujimori y
Montesinos habían puesto en marcha un proyecto político para asegurar su
anticonstitucional segunda reelección en el año 2000. En 1995, Fujimori fue
reelegido para un segundo mandato, debido fundamentalmente a que la derrota de
los grupos armados peruanos fue atribuida a sus políticas draconianas. El
régimen había acumulado un capital político enorme, y muchos esperaban que en el
período político que se abría, el Perú se iba a encaminar a su reconversión
democrática (Degregori 2000). Nada de ello ocurrió. Por el contrario, Fujimori y
Montesinos se embarcaron en una aventura autocrática que el ex embajador
estadounidense en Lima, Denis Jett, llamó "golpe de estado en cámara lenta"[16]. En el intento de asegurar
por medios anticonstitucionales la continuidad de su régimen—sin duda alguna,
para cubrir la escandalosa corrupción que estaba saqueando el país[17]—Fujimori y Montesinos
atrepellaron sistemáticamente su propia normatividad constitucional e iniciaron
una campaña de hostigamiento a la oposición política, haciendo uso del control
omnímodo que tenían del Congreso y el Poder Judicial.
Con su activa participación en la operación de securitización
regional del conflicto colombiano, el régimen de Fujimori no sólo buscó doblegar
las críticas que sus políticas de democracia y derechos humanos habían
despertado en ciertos sectores de la administración Clinton, sino convencerlos
de que la continuidad del régimen por otro periodo más era de vital interés para
las políticas de seguridad estadounidense en la región. La operación de
securitización regional del conflicto colombiano trajo una oportunidad
inmejorable para que el régimen peruano opusiera una imagen de orden y
estabilidad, seguridad y eficacia contra el terrorismo, que supuestamente el
Perú proyectaba, contraía imagen de caos e inestabilidad, inseguridad y
debilidad contra el terrorismo, que presumiblemente Colombia proyectaba. En
otras palabras, era la oposición entre Perú como un modelo de "estado fuerte",
frente a Colombia como modelo de "estado débil". De allí no era difícil
presentar la permanencia de Fujimori en el poder como una necesidad crucial para
la seguridad de la región.
Vladimiro Montesinos, el jefe de facto de los Servicios de
Inteligencia peruanos, considerado por muchos como el hombre más poderoso del
régimen, era perfectamente claro en este tema:
"Los americanos tienen un grave problema en la región; tienen
un grave problema de estabilidad regional. Entonces, el único país estable
política, económica y militarmente es el Perú... Entonces ellos necesitan en el
próximo quinquenio 2000-2005 que en el Perú haya un gobierno firme, un gobierno
que se va a quedar, porque va a tener que sacarles las castañas a todos con el
tema Colombia... Entonces, a los gringos no les conviene, bajo ningún punto de
vista, que el tema del Perú sufra modificaciones"[18].
Si los funcionarios estadounidenses estaban convencidos o no de
este argumento, va más allá de la discusión de este artículo. Lo que nos importa
destacar aquí es cómo el régimen de Fujimori tocaba cuerdas sensibles para la
política estadounidense en la región. En otro texto hemos mostrado cómo el
régimen movilizó también su política antidrogas, que Estados Unidos presentaba
como un caso exitoso, para los mismos propósitos de minimizar problemas de
derechos humanos y argumentar a favor de mantenerse en el poder[19]. "Yo le soy honesto —le
explicó Montesinos a un visitante— aquí tiene que haber una continuidad por
razones de Estado, no por razones de la persona, (sino) por razones de
Estado"[20].
El otro paso necesario para sacar adelante la reelección era
convencer al público peruano de su necesidad. El régimen de Fujimori había
nacido y se había hecho en la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA y no
conocía otro modo de hacer política que a través de la guerra. La "guerra contra
el terrorismo" había servido a Fujimori para legitimar el uso permanente y
generalizado del estado de excepción (Poole y Rénique 2003). Pero, derrotados
los grupos armados y resuelto el problema fronterizo con Ecuador, el régimen de
excepción y el discurso político de guerra sobre los que Fujimori construyó su
legitimación no tenían cómo sostenerse sin una nueva amenaza vital. El conflicto
colombiano fue el perfecto comodín que necesitaban para justificar, en el
terreno de la seguridad, su permanencia en el poder. Hablando de la segunda
reelección de Fujimori, Montesinos les dijo a los jefes de las fuerzas armadas
peruanas:
"Acá el objetivo es ganar en primera vuelta. Si ganamos en
primera vuelta ya... todo el mundo dice ya no hay, ya firmaron la paz con Chile,
con Ecuador, no hay terrorismo, no hay nada y entonces dicen ya qué van a hacer
ahora. No, señor, una nueva amenaza se cierne sobre la seguridad regional y
continental que es el narcotráfico en alianza con los grupos alzados en
armas.... Y entonces todo el mundo está pendiente que es el tema Colombia
y ya le metimos en el escenario el tema Colombia y además nos hemos
creado una chambita"[21].
Como dice Degregori (2000), "No bastaba el inflador interno, y
acudieron al inflador externo". En la pequeña sala del Servicio de Inteligencia
Nacional que durante el fujimorismo fue el centro neurálgico del poder y la
corrupción, Montesinos explicó a las elites empresariales, políticas, militares,
diplomáticas e intelectuales que lo visitaban para arreglar sus problemas
políticos, judiciales, de negocios o personales, que el conflicto colombiano era
ya un problema regional. En un discurso que resonaba con la tesis que
acababa de ser lanzada en la región, el ex jefe de los servicios de inteligencia
peruanos decía: "El problema número uno para la región es Colombia, y es
un problema ya de seguridad continental (sic), ya no es un problema
exclusivamente de los colombianos"[22]. "Es un problema que va a
contaminar a la región"[23].
Esa capacidad para "contaminar" venía, segúnMontesinos, de la
situación de caos e inviabilidad en que se encontraba Colombia. Decía que era un
país "inviable", que todo allí era un "caos" y que ni siquiera un golpe de
estado iba a funcionar bien, por lo que, ante la profundización del conflicto y
la incapacidad de contener a la guerrilla y el narcotráfico, Estados Unidos no
tenía más alternativa que invadir el país:
"¿Cuál es la solución para los gringos? Es la intervención
militar; y al producirse la intervención militar americana, la solución de la
guerrilla y el narcotráfico ¿a dónde van a venir? Se van a venir a la parte
peruana; y en la parte peruana necesitas tú un gobierno fuerte, de una
estabilidad política y unas fuerzas armadas que estén capacitadas"[24].
En la medida en que el régimen peruano expresaba ese "gobierno
fuerte", que Montesinos imaginaba necesario para contener el desborde del "caos
colombiano" hacia territorio peruano, el argumento a favor de la continuidad
estaba hecho.
¿Quién más? El Perú tenía ya ese gobierno fuerte y con decisión
política. Además, tenía ya organizada una legislación antiterrorista que,
medrando en las antípodas del sistema de garantías liberal, había sido "eficaz"
con Sendero Luminoso y el MRTA, ¿por qué no iba a ser eficaz en caso de que la
guerrilla colombiana entrara al país?
"...tenemos que ir a la institucionalidad democrática plena en
el país, a ir desapareciendo esta legislación dura porque ya va desapareciendo
la situación de guerra. Pero, ¿qué pasa? Si se nos mete en tema los
colombianos no vamos pues a aflojar el tema de la legislación[25].
El Perú, entonces, estaba preparado. Tenía el aparato jurídico
apropiado para hacer frente a la amenaza terrorista. No importaba, claro, que
esta legislación de excepción restringiera derechos fundamentales, habilitara
tribunales militares, jueces sin rostro, limitaciones al derecho de defensa,
condenas elevadas, etc. Menos importaba que entronizara los estados de
emergencia como formas ordinarias del ejercicio del poder, la militarización del
estado y la subordinación civil a la militar. (De la Jara 2001; Goldman et al
1994; Degregori 2000; Comisión de la Verdad 2003).
Faltaba algo más. Para Montesinos no era suficiente asegurar la
continuidad de ese gobierno fuerte y estable, que había derrotado al terrorismo,
y esperar a que el desborde se produjera. Había que prevenir y
anticiparse. Se jactaba de tener agentes infiltrados en la zona desmilitarizada
y decía que la mejor información sobre ella con la que Washington contaba era la
que le enviaba el SIN peruano[26]. "Ahora, mi centro de
gravedad es Colombia"[27]
dijo en más de una ocasión a sus visitantes. Montesinos no iba a esperar
pasivamente que "el desborde" ocurriera; ya se había puesto a trabajar para
prevenirlo. "Yo lo he previsto—decía Montesinos—, se ha tomado las previsiones;
de algo nos pueden acusar, de lo que sea, menos de improvisación"[28].
Es detrás de esta idea de previsión que se agazapó la
operación que buscó anticipar el futuro y moldearlo de acuerdo con el presente;
un presente que a su vez estaba anclado en el pasado inmediato de la guerra
contrainsurgente. Anticipando la emergencia de una nueva amenaza vital,
Montesinos y Fujimori buscaron prolongar indefinidamente lo que habían reclamado
como fuente principal de la legitimidad de su régimen: la guerra. Como dice
Degregori (2001: 226), el Perú estaba atrapado en una guerra permanente contra
la hiperinflación, que justificaba un ajuste económico interminable; un
autogolpe interminable, que no dejaba paso a la consolidación democrática; y una
guerra contrainsurgente inacabable, que impedía la reconversión militar. Era el
secuestro del tiempo ordinario y la entronización de la excepción como tiempo
ordinario (Brederkamp 1999); era el estado de excepción permanente como sustento
de la política entendida como guerra permanente (Poole y Rénique 2003).
Y el modo en que buscaron que el público peruano aceptara ser
secuestrado en una guerra permanente fue mediante la movilización de la memoria
del miedo. Escribiendo sobre la violencia en Irlanda del Norte, Feldman
(2003:60) explica cómo determinadas prácticas políticas e institucionales se
valen de la violencia para prescribir determinados estados o modos de ser
sujeto. La violencia que se aplica sobre los cuerpos opera como el vehículo
material a través del cual se construye una memoria sensorial que, a su vez, es
incrustada en el marco de la memoria social e institucional. Esta memoria así
construida funciona, entonces, como una memoria prescriptora; es decir,
como un discurso regulador que prescribe estados o modos de ser sujeto.
En el contexto peruano, el público fue constantemente confrontado a la memoria
del terror de Sendero Luminoso y el MRTA, a través de operaciones mediáticas
preparadas por el régimen con el fin de reinscribir sobre sus cuerpos la memoria
prescriptora, el discurso regulador que empujara a la gente a seguir aceptando a
quienes habían probado ser capaces de librarlos de dicho terror. Movilizando la
memoria reguladora, el régimen buscó la continuidad de un modo de subjetividad
política por medio del cual, el público peruano había intercambiado derechos a
cambio de seguridad.
¿Fin del juego securitizador?
Con el abierto apoyo de las fuerzas armadas, Fujimoriy
Montesinos impusieron la anticonstitucional segunda reelección mediante un vasto
fraude electoral. Ni la amplia protesta popular ni la presión de la comunidad
internacional fueron suficientes para frenar tales propósitos. En agosto del
2000, muy pocas semanas después de inaugurado su tercer mandato, Fujimori y
Montesinos convocaron a una conferencia de prensa para anunciar que el SIN había
desbaratado una mafia que traficaba armas para la guerrilla colombiana de las
FARC. De nuevo, entre otras cosas, el discurso estuvo orientado a mostrar cómo
los servicios de inteligencia peruanos al mando de Montesinos habían hecho un
servicio a la región en su conjunto y que ello no estaba siendo suficientemente
valorado por las autoridades estadounidenses[29].
Casi inmediatamente, sin embargo, se hizo claro que el régimen
estaba tratando de instrumentar nuevamente el conflicto colombiano para superar
su crisis interna. Quería atribuirse la desarticulación de una operación de
contrabando de armas para la guerrilla colombiana, cuando en realidad dicho
contrabando había sido organizado, según todo lo indica, por el propio jefe de
los servicios de inteligencia peruanos y desde el centro mismo del régimen
peruano. Hay quienes sostienen que la ambigüedad de Washington respecto de
Montesinos se acabó en este momento. Sin embargo, la ruptura formal con el jefe
de inteligencia peruano ocurrió sólo luego de que éste fuera retirado del poder
por Fujimori, semanas después del escándalo político levantado por la difusión
de un video en el que se lo ve comprando a un congresista opositor para cambiar
la mayoría en el parlamento[30]. Finalmente, sin Montesinos
al costado, Fujimori no pudo sostenerse por muchos días más en el poder y huyó
del país en noviembre del 2000 para refugiarse en Japón, la tierra de sus
padres, y se puso a buen recaudo de la justicia peruana. Desde allí envió su
renuncia por fax[31].
II. El conflicto colombiano en tiempos de Toledo
Alejandro Toledo llegó al poder en julio del 2001, tras ganar
las elecciones organizadas por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua
(Nov. 2000-Jul.2001). Igual que otros procesos transicionales de finales del
siglo XX, la caída del régimen autoritario de Fujimori vino con la promesa de un
nuevo orden social y político que iba a dejar atrás la militarización del
estado, la restricción de derechos y la impunidad frente a la corrupción y la
violación de derechos humanos típicos. Los esfuerzos iniciales del régimen de
transición estuvieron orientados en esa dirección. Por mencionar sólo lo más
relevante, Paniagua primero, y Toledo después, respondieron positivamente a los
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impulsaron el
funcionamiento de una comisión de la verdad para investigar las violaciones a
los derechos humanos cometidas durante la guerra interna. También iniciaron
procesos de depuración y reforma de instituciones que, como las fuerzas armadas
y la policía nacional, estuvieron profundamente comprometidas con la corrupción
del anterior régimen. Por primera vez en la historia nacional, decenas de
militares de alto rango fueron puestos en prisión, acusados de alta corrupción y
delitos contra los derechos humanos.
El régimen transicional buscó también marcar diferencias
radicales en su política exterior. A diferencia de Fujimori, que buscó aparecer
como el líder de la política de mano dura contra el terrorismo, Toledo quiso
aparecer como el líder de la democracia en la región. La suscripción de la Carta
Democrática Interamericana, en septiembre del 2001, fue la culminación de un
esfuerzo mayor que la diplomacia peruana emprendió a la caída del fujimorismo,
para convencer a sus contrapartes de que eran necesarios mecanismos eficaces
para controlar las arremetidas autoritarias en la región, como las que el Perú
acababa de sufrir.
De forma similar, la política exterior respecto del conflicto
colombiano pasó de la abierta ingerencia al no involucramiento. Perú reasumió la
tesis de que dicho conflicto era un asunto interno de Colombia. Sin embargo,
esta postura de "no involucramiento" se tradujo en una postura ambigua. Por un
lado, la diplomacia peruana declaró su apoyo a los "esfuerzos de pacificación"
del presidente Alvaro Uribe, entendiendo por éstos la búsqueda de "garantizar la
seguridad ciudadana, consolidar el Estado de derecho y asegurar el pleno respeto
de los derechos humanos"[32]. Claramente, el apoyo
estaba circunscrito por estándares de democracia y derechos humanos. Sin
embargo, la "política de seguridad democrática" de Uribe se basó desde el
principio en la guerra frontal contra la guerrilla[33]. Por otro lado, la
diplomacia peruana hizo una diferenciación entre "acciones terroristas" y
"grupos colombianos al margen de la ley". Sobre esta diferenciación entre
"acciones terroristas" y "grupos al margen de la ley" la diplomacia peruana
articuló su posición de apoyar la solución negociada del conflicto colombiano,
colaborando con la reanudación del proceso de paz "cuando el gobierno colombiano
así lo estime conveniente"[34]. Así, esta ambigüedad
conducía a un apoyo implícito a la salida negociada, a diferencia de
Fujimori.
Por último, el gobierno de Toledo buscó desecuritizar el
conflicto colombiano, haciendo frente a las campañas mediáticas que los sectores
vinculados al régimen de Fujimori lanzaron para desestabilizar el nuevo régimen
y frenar la lucha anticorrupción. El eje de estas campañas fue denunciar
supuestas incursiones de las FARC en territorio peruano, frente a las cuales el
gobierno de Toledo no estaba haciendo nada, a diferencia de Fujimori que sí
había hecho todo para que tales incursiones no ocurrieran. "Más que de las FARC,
cuya amenaza no existía, teníamos que dedicarnos a responder a estas campañas de
prensa", dijo un ex alto funcionario del régimen de Toledo[35]. Hubo algo más importante
detrás de estas campañas. Movilizando el tema del conflicto colombiano, ellas
buscaron poner en circulación, de nuevo, la fácil ecuación que el régimen de
Fujimori había construido, equiparando democracia con debilidad contra el
terrorismo, y la necesidad del retorno de la "mano dura".
Ahora bien, no todo fue radical diferenciación respecto del
fujimorismo. En clara contradicción con su política exterior, el gobierno de
Toledo profundizó la política de seguridad frente al conflicto colombiano que
fue puesta en marcha durante el régimen de Fujimori. La hipótesis del "desborde"
se mantuvo. Por lo tanto, una política de "contención y prevención de su
eventual desborde [del conflicto colombiano] hacia nuestro país"[36]era necesaria. Así, el nuevo
régimen mantuvo la tesis de que Colombia era fuente de inseguridad, cuyo
potencial de contagio había que contener.
Podemos decir, incluso, que, en muchos sentidos, el gobierno de
Toledo fue más allá que el de su antecesor. Primero, se reforzó la
militarización de la frontera con Colombia, incrementando el contingente de
tropas. El ex ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, viajó a la zona para
inspeccionar personalmente el desplazamiento militar y darle contenido político
a un hecho que podía haber quedado en un ámbito estrictamente castrense.
Segundo, Toledo hizo lo que ningún gobierno peruano, antes: en menos de dos años
firmó varios convenios policiales y militares con Colombia. En octubre del 2002
fue el convenio para la interdicción aérea en la frontera. A finales del 2002
fue un convenio policial. En febrero del 2004 fue un convenio tripartito entre
Perú, Colombia y Brasil para la interdicción fluvial en la frontera.
Todos estos convenios estipulaban, en lo fundamental, el
intercambio de inteligencia, experiencias y, eventualmente, la cooperación para
actividades conjuntas[37].
Por último, el gobierno de Toledo habilitó el territorio
nacional para operaciones militares de entrenamiento e investigación científica
conducidas por militares estadounidenses, en áreas de la selva, de geografía
similar a la frontera con Colombia. El Instituto de Defensa Legal de Lima
registró un incremento inusual de ingresos de personal militar estadounidense,
armado y no armado, desde la llegada de Toledo al poder. Según esta importante
organización peruana, estos ingresos militares tuvieron que ver fundamentalmente
con operaciones de investigación militar y combate de infantería ligera en zonas
de selva[38]. Finalmente,
grandes operaciones militares de entrenamiento, como el plan UNITAS, que nunca
antes habían tenido a la selva como teatro de operaciones, empezaron a tener
lugar en dicha área geográfica[39].
Securitización y debilidad política
¿Cómo entender esta lógica de ruptura y continuidad respecto
del Fujimorismo en las políticas del gobierno de Toledo frente al conflicto
colombiano? Sugerimos que antes de que al convencimiento de que la guerrilla
colombiana constituía una efectiva e inmediata amenaza para el Perú, las
políticas de seguridad del gobierno de Toledo frente al conflicto colombiano
fueron moduladas por el pragmatismo político con el que respondió a las demandas
de los Estados Unidos en temas de seguridad regional.
Esta lectura tiene asidero en la evaluación que ex altos
funcionarios de seguridad del gobierno de Toledo manejan respecto del conflicto
colombiano. Para estos ex funcionarios, cuatro años después de iniciado el Plan
Colombia, el denominado "desborde" hacia el Perú no se había producido. En la
frontera no había masas de refugiados, ni la guerrilla había establecido sus
bases en el Perú, ni el llamado "efecto globo" se había producido porque la
cantidad de coca cultivada en el Perú se mantenía estable[40]. Según estos ex
funcionarios,
la razón más inmediata para que el tal "desborde" no se
produjera era que, dadas sus características geográficas, la frontera es poco
propicia para el desarrollo y eventual asentamiento de la guerrilla colombiana.
El ex ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola describió la frontera como "una
selva baja, inundada, agreste.... despoblada, agreste, inhóspita y poco
atractiva para constituirse en un eventual escenario de asentamiento
guerrillero"[41].
Nosotros sugerimos que, además de estas razones "geográficas",
hay otras que apuntan a procesos de más largo aliento. Entre estos nos parece
central la ruptura de la conexión del narcotráfico que existió entre Perú y
Colombia desde la década de los 70 hasta mediados de los 90. Durante ese tiempo,
los grandes carteles colombianos tuvieron el monopolio de la industria de la
cocaína y organizaron la división del trabajo para producirla y exportarla.
Mientras Perú y Bolivia eran proveedores de la materia prima (la pasta básica de
cocaína), Colombia era la refinadora y exportadora de la cocaína hacia los
mercados de Estados Unidos y Europa. La materia prima era trasladada hacia
Colombia por vía aérea desde las selvas peruana y boliviana.
Las autoridades estadounidenses pusieron en marcha el programa
"Air Bridge Denial" para romper el puente aéreo entre Perú y Colombia. En otro
texto hemos argumentado cómo, más que a la eficiencia del "Air Bridge Denial",
la ruptura de la conexión entre Perú y Colombia se debió a la caída de los
grandes carteles colombianos [42]. El monopolio que éstos
ejercían sobre la oferta de pasta básica de cocaína en el Perú desapareció, y
obligo a las mafias peruanas a reconvertirse y volverse exportadoras de cocaína
en alianza con los carteles mejicanos. Se originó, pues, un reacomodo en el
mercado de la oferta. Así, ante esta pérdida de hegemonía de la conexión
colombiana, si la frontera tuvo algún papel durante la bonanza de las mafias
colombianas, éste desapareció virtualmente con los cambios en los patrones del
tráfico de cocaína[43].
Todo lo anterior sugiere que la diligente participación del
gobierno de Toledo en los esquemas de seguridad frente al conflicto colombiano
respondía fundamentalmente a su debilidad y dependencia política y económica de
Estados Unidos. Tres eran estas fuentes de dependencia y debilidad.
Primero, la agenda antidrogas. El condicionamiento del apoyo de
Estados Unidos al buen desempeño de los gobiernos peruanos en la lucha contra el
narcotráfico fue ajustado con la llegada de Toledo al poder. Por primera vez, al
Perú se le planteó el objetivo de "coca cero" que, según funcionarios
estadounidenses, podía ser logrado en los cinco años que Toledo tenía por
delante. Ello significaba que el Perú debía erradicar las 40 mil hectáreas de
coca ilegal que aún existían en su territorio. Para ello, Estados Unidos
incrementó su ayuda antidrogas hasta 300 millones de dólares para ese periodo de
cinco años, y renovó el ATPDEA para asegurar incentivos económicos que serían
mantenidos sólo si el gobierno de Toledo cumplía con las metas de erradicación
planeadas (Rojas 2003, 2004).
A Toledo no le iba a ser nada fácil cumplir con tales metas,
debido a la fuerte oposición social que la política de erradicación de la coca
encontró siempre entre los campesinos de las catorce cuencas cocaleras del Perú.
Ellos, además, ya se encontraban movilizados desde finales del régimen de
Fujimori, cuando sus protestas frente a la política de erradicación forzosa de
hoja de coca alcanzaron dimensión regional y nacional[44]. Estas protestas fueron una
herencia pesada para el nuevo régimen. El gobierno de Toledo se movió entre la
negociación y la confrontación para hacer frente a tales protestas y en muchos
momentos tuvo que hacer concesiones a los cocaleros. Tales concesiones no fueron
bien vistas por la embajada estadounidense[45]. Sugerimos, entonces, que
la diligente cooperación del gobierno de Toledo en el esquema de seguridad,
montado por Estados Unidos frente al conflicto colombiano fue una forma de ganar
oxígeno para manejar su propio conflicto en relación con la coca.
Segundo, el gobierno de Toledo dependió del apoyo político de
Washington para sobrevivir hasta el término de su mandato constitucional. La
combinación de la profunda crisis política y moral a la salida del régimen
autoritario con las expectativas sociales embalsadas en la década anterior,
exigían del nuevo régimen la puesta en marcha de políticas sociales y económicas
que marcaran una ruptura con el pasado. Esto no sucedió y Toledo continuó con el
mismo modelo económico de Fujimori, lo que le dejó muy pocos recursos para
políticas sociales y de generación de empleo. La protesta social emergió desde
todos los rincones del país y Toledo tuvo que maniobrar finamente para evitar su
caída. Su personal estilo político fue otra fuente de permanente crisis. Durante
la mayor parte de su gobierno, la aceptación popular giró alrededor del 10%.
En los momentos de crisis más aguda, la administración Bush
reiteró su apoyo al régimen de Toledo, otorgándole un soporte político
fundamental para su sobrevivencia política.
Por último, la diligente participación del Perú en los planes
frente al conflicto colombiano debe ser leída también desde la perspectiva
militar. La crisis moral y política en que las fuerzas armadas se sumergieron
por su estrecho involucramiento con el corrupto régimen de Fujimori y Montesinos
vino acompañada de una aguda crisis de recursos. El gobierno de Toledo redujo
drásticamente el presupuesto militar y las fuerzas armadas se quedaron sin
medios para mantener la operatividad de sus equipos militares y entrenar sus
tropas. La participación en las operaciones y programas auspiciados por Estados
Unidos en Perú les permitía a los militares peruanos acceder a recursos en
términos de equipo ligero, entrenamiento y producción de conocimiento que de
otro modo no podían tener[46].
"Tenemos un enemigo común" Toledo en el nuevo esquema
securitizador
En este escenario, el gobierno de Toledo quiso hacer virtud de
su debilidad. Toledo en modo alguno fue un securitizador al estilo de Fujimori;
no pretendió erigirse como el salvador de la región, ni hizo uso grosero del
conflicto colombiano como sí fue el caso de Fujimori y Montesinos, pero sí se
embarcó con mucho entusiasmo en el esfuerzo securitizador, liderado esta vez por
el propio presidente colombiano, Alvaro Uribe. La llegada de la transición
democrática al Perú fue contemporánea con el lanzamiento de la "guerra global
contra el terror" luego de los atentados del 11 de septiembre y el ascenso de
Uribe a la presidencia de Colombia, en agosto del 2002. Luego del fracaso del
plan de paz de Pastrana, Uribe reorientó la política contrainsurgente del estado
colombiano en la dirección de guerra frontal contra la guerrilla para obligarla
a negociar su rendición, y apenas asumió el poder, ordenó el reinicio de la
ofensiva militar contra la guerrilla en el sur de Colombia[47].
Lo que nos interesa destacar aquí es el énfasis que Uribe
empezó a poner en la noción de que el conflicto colombiano ya no era sólo de
Colombia, sino de la región. A pesar del incremento de la ayuda militar y de la
eliminación de las restricciones en materia de derechos humanos después del 11
de septiembre, paradójicamente, Colombia pasó a ser una prioridad de segundo
orden para la alta burocracia en la administración estadounidense que estaba más
concentrada en Irak y Afganistán. En términos políticos, Uribe reemplazó el
liderazgo que antes tenían los funcionarios estadounidenses, y hasta el propio
Fujimori, en la tarea de convencer a sus contrapartes de que el conflicto
colombiano era regional. Por ejemplo, durante la cumbre presidencial del Grupo
de Río, Uribe declaró:
"América Latina empieza a darse cuenta de que el terrorismo de
Colombia, que hace tanto daño en Colombia, ya es un peligro para todo el
continente. Secuestran en Ecuador, hacen daños en Venezuela, ya hay terroristas
colombianos sembrando caos y terror en Bolivia" [ 48].
El argumento no sólo presenta a Colombia, de nuevo, como fuente
de inestabilidad para la región, sino va más allá al proponer la idea de que el
contagio ya está en curso. Sugerimos que si Uribe podía sostener este argumento
respecto de un "terrorismo colombiano" que siembra "caos y terror" incluso en
países como Bolivia, con el que Colombia no tenía fronteras comunes, era porque
con el ascenso de la "guerra global contra el terror" después del 11 de
septiembre, una nueva forma discursiva fue puesta en circulación para describir
las amenazas vitales. Un concepto central en esta nueva forma discursiva es el
de "red terrorista" (terrorist network), que hace referencia a una amenaza vital
que ya no se percibe primariamente como localizada en—o proveniente de—un área
geográfica en particular, sino que opera desde redes invisibles, amorfas,
fluidas, difusas, que no están administradas por una estructura jerárquica, como
en el caso de los gobiernos, sino que son animadas desde "nodos" (hubs), de
donde salen las instrucciones que circulan en la red. Es decir, la "red
terrorista" es una forma de amenaza deterritorializada [49]. Conceptos asociados son
los de "país madriguera del terrorismo" [harbor of terrorism], que las
"redes terroristas" utilizarían para entrenamiento militar, avituallamiento,
documentación, etc., y para contactar con los terrorismos nativos; y "soberanía
efectiva", que se refiere a la idea de que estados débiles [failed states] son
una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos en la medida en que no
tienen el control (militar) sobre espacios "no gobernados" que sirven como
madriguera a la "red terrorista", al narcotráfico u otras amenazas similares[50].
Este aparato conceptual permitió presentar a las FARC como un
grupo terrorista nativo (o doméstico) que estaba conectado a la "red terrorista"
internacional y que era el símil de Al-Qaeda en América Latina. Por cuanto parte
de la "red terrorista" internacional, las FARC podían atacar en otros sitios no
sólo para expandir su guerra terrorista, sino para obtener recursos de aquellas
"áreas no gobernadas" de los otros estados "débiles" de América Latina (Bolivia,
por ejemplo, en el discurso de Uribe). El acoplamiento de los conceptos de "red
terrorista", "estado débil" y "soberanía efectiva", aplicados acríticamente y
con poca imaginación a las complejísimas realidades latinoamericanas, y sobre
todo con propósitos políticos y militares, producen un nuevo cuadro en el que,
mediante una operación discursiva conceptual, se produce un desplazamiento
metonímico: el terrorismo nativo es conectado con el terrorismo global y el
conflicto doméstico es enmarcado por la guerra global contra el terror.
Toledo empezó a participar de este discurso. Que lo hiciera se
explica, en principio, por el hecho de que su gobierno tuvo que hacer frente a
la esporádica reaparición de los restos de Sendero Luminoso. Una de estas
reapariciones terroristas tuvo lugar en marzo del 2002, a pocos días de la
visita del presidente George W. Bush al Perú, cuando Sendero Luminoso hizo
explosionar un coche-bomba en las cercanías de la embajada estadounidense en
Lima, que mató a nueve personas. Esta fue ocasión no sólo para que Toledo
reafirmara su promesa de "mano dura" contra el terrorismo, sino para colgar el
terrorismo doméstico en la red internacional del terrorismo global. "Tenemos un
enemigo común" les dijo a los presidentes de Colombia, Bolivia y Estados Unidos,
reunidos en Lima con ocasión de la visita de este último a Lima.
Hay otra razón, sin embargo. Como parte de sus esfuerzos por
contener y deslegitimar la protesta social, el gobierno de Toledo cruzó en
varias ocasiones una delicada línea, haciendo circular la idea de que las FARC
podían tener algo que ver con tales protestas sociales. Un ejemplo concreto fue
acusar a partidos políticos como Patria Roja de tener vínculos con las FARC[51]. En otras ocasiones, desde
el gobierno de Toledo se insinuó la existencia de vínculos entre las FARC, el
líder boliviano Evo Morales, y las frecuentes protestas de los agricultores
cocaleros peruanos en contra de la erradicación. Así, para el gobierno peruano
parecía también que protesta social, radicalismo político y guerrilla colombiana
formaban parte del mismo "eje del mal".
Al estrecharse los márgenes de maniobra para el gobierno de
Toledo, éste se ha visto obligado a recurrir de forma más creciente a la
retórica antiterrorista con el objetivo de movilizar las memorias de la
violencia a favor suyo. Y, sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en la
época de Fujimori, la falta de credibilidad del régimen de Toledo lo hace
aparecer en una dramática escena de sobreactuación. Si la memoria reguladora de
la violencia ha de ser movilizada, dos condiciones de felicidad centrales son la
credibilidad del gobernante y una fundada sospecha de temor respecto de aquella
amenaza que se pretende hacer. Ninguna de estas cosas han ocurrido durante el
régimen de Toledo, y entonces, cada vez que éste se ha puesto a sí mismo en el
centro del escenario para lanzar sus arengas antiterroristas, en realidad son
las sospechas sobre la veracidad de lo que dice las que aumentan entre el
público, más que el temor sobre aquella amenaza de la que habla.
III. A manera de conclusión
Si por "regionalización" del conflicto colombiano se entiende
la extensión militar y política de la guerrilla a los países vecinos a Colombia,
el caso peruano mostraría que dicha tesis tiene muchas líneas de fugaque hacen
que su consistencia como tesis sea, cuando menos, discutible.
Más de cuatro años después de lanzado el Plan Colombia, quienes
formularon la tesis del "desborde" siguen esperando que éste se produzca. Y no
es que ello no se haya producido porque el "cerco militar" sobre Colombia haya
tenido éxito, sino porque, como lo han indicado las autoridades peruanas, no hay
evidencias de que la guerrilla colombiana haya querido exportar su guerra hacia
territorio peruano, ni querido construir una base de operaciones en el mismo.
Sugerimos, entonces, que el caso peruano invita a plantearse la pregunta de qué
es lo que se regionaliza "a propósito" del conflicto colombiano.
En este artículo hemos comparado dos periodos políticos
discursivamente distintos en la política peruana, para mostrar cómo está frente
al conflicto colombiano ha sido activamente constituida en el interior de un
marco discursivo central, articulado alrededor de la imagen de Colombia como
país "contaminante" para la región. Este marco discursivo central se despliega
con ocasión de las guerras que Estados Unidos libra en la región, pero, como
muestra claramente el caso peruano, durante la época de Fujimori, pueden ser los
gobiernos de la región los que no sólo participan activamente de la
securitización regional del conflicto colombiano, sino los que llevan la
propuesta securitizadora hasta límites impensados. En ocasiones, resulta
evidente que más que la propia política exterior de Estados Unidos, son los
gobiernos de la región quienes están vivamente interesados en construir y
mantener la imagen de Colombia como un lugar de emisión de terrorismo, caos e
ingobernabilidad, para poder medrar políticamente de dicha imagen. Fujimori, por
ejemplo, utilizó escandalosamente el conflicto colombiano para sus objetivos de
mantenerse en el poder anticonstituionalmente.
Pero lo de Fujimori no era sólo una forma específica de
organizar el poder, sino una forma de imaginar y referirse a la política que
estaba basada en la lógica de la guerra permanente y la movilización del temor
como sustento fundamental de la relación entre el estado y la ciudadanía. Era
movilizar los legítimos temores de la gente frente al terrorismo para generar el
respaldo a los gobernantes, demonizar al adversario político, promover la
militarización del estado, restringir los derechos ciudadanos, y asegurarse la
permanencia en el poder para lucrarse de él.
Esta sola experiencia debería haber sido suficiente para llamar
la atención sobre el profundo error que se comete al construir como una amenaza
vital a Colombia, para forzar a los países de la región a participar de los
esquemas de seguridad militarizados que supuestamente van a frenar la expansión
del conflicto. Los países de la región, y particularmente vecinos como el Perú,
tienen los mismos o mayores problemas que Colombia, y su potencial
"contaminador", por ejemplo el autoritarismo de Fujimori, puede resultar incluso
más peligroso para la región que el propio "conflicto colombiano".
Del mismo modo, la experiencia de un régimen transicional como
el de Toledo, que había llegado con la promesa de democracia y derechos, muestra
cómo el proyecto democrático no tiene piso firme en el interior de un marco
discursivo que plantea el problema de la seguridad como el eje sobre el cual
gira el conjunto de las relaciones políticas. Este marco discursivo de seguridad
hace que las fronteras entre un problema de disenso y otro de seguridad sean
ambiguas e inciertas, y hace que el desacuerdo (esencial para el juego
democrático) pase a ser objeto de sospecha y persecución. El gobierno de Toledo
participa activamente de los esquemas de securitización regional para asegurarse
de un mínimo de espacio político que le ayude a llegar hasta el término de su
mandato en el marco de una protesta generalizada contra su gobierno por las
promesas incumplidas de la transición. A la vez, los recursos retóricos
habilitados y autorizados por los marcos discursivos de seguridad regional, le
han permitido a Toledo, en ocasiones, convertir un problema social y político en
uno de seguridad nacional. El efecto inmediato de esto es el cierre del espacio
para la disensión y la protesta propias de la democracia.
Waeber sostiene que un concepto amplio de seguridad hace que
mucha de la actividad social y política sea secuestrada para ser manejada desde
los aparatos de seguridad especializados, normalmente poco sujetos al control
público (servicios de inteligencia, fuerzas armadas, etc.). El problema no es
sólo cómo se establecen controles democráticos sobre esos aparatos de seguridad,
sino, centralmente, qué se dice y se constituye como objeto de seguridad. Sería
peligroso que bajo la tesis de la "regionalización" del conflicto colombiano, se
extendiera en la región la idea de constituir el disenso y la protesta social
como un asunto de seguridad nacional.
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[3] Diario Oficial El Peruano "Ni Terror ni
Corrupción" 23 de octubre del 2004. Esta fue la segunda visita de Uribe a Perú.
La primera tuvo lugar durante la Cumbre del Grupo de Río, en mayo del 2003.
Énfasis añadido. «« Volver
[4] El Tiempo "Entrevista: 'No se firmará un TLC
sin garantías de seguridad', dice el presidente Uribe" Bogotá, 22 de octubre del
2004. «« Volver
[7] Citado en Sally Bowen y Jane Holligan
(2003:400). Ver también Caretas, "Se salió del mapa" Lima, 11 de febrero, 1999
-N° 1554 «« Volver
[8] Caretas, "Se salió del mapa" Lima, 11 de
febrero, 1999 - N° 1554. Más de un observador se preguntó por qué Fujimori no
había hablado antes del asunto. ««
Volver
[9] Varias comisiones investigadoras del Congreso
de la República en el Perú encontraron responsabilidad en el ex jefe de
inteligencia peruano. Ver Comisión Herrera. Op. Cit. folio 3925. Informe final
de la Comisión Towsend. 25/06/02 http://www.gwu.edu/-nsarchiv/NSAEB/NSAEBB72/final.do
Actualmente, el caso sigue siendo ventilado en el poder judicial peruano. En
diciembre del 2004, una fiscalía colombiana solicitó la extradición de
Montesinos por el tráfico de armas para las FARC. "Ordenan Captura de Vladimiro
Montesinos. Fiscalía, por Tráfico de Armas paras las FARC". El Tiempo, Bogotá,
31 de diciembre del 2004. «« Volver
[10] Algunos analistas han sugerido que dicha
operación era conocida desde sus principios por la CÍA y que ella tenía por
objeto incrementar la capacidad de fuego de la guerrilla para así justificar el
escalamiento de la intervención militar estadounidense en el conflicto. Ver,
entre otros, Bowen & Holligan (2003: 401). «« Volver
[11] Por ejemplo, por esos mismos días Ecuador
anunció que también había movilizado tropas a la frontera para evitar el paso de
la guerrilla colombiana a dicho país. (Revista Semana "Fronteras Calientes",
Bogotá, 15 de febrero de 1999). ««
Volver
[12] Caretas, "Cercando a Colombia", Lima, 23 de
febrero de 1999 - N° 1556. Algunos analistas han vinculado este movimiento
militar al retiro del Comando Sur del control del canal de Panamá, que tenía que
concluirse hacia finales de 1999. El nuevo esquema de seguridad estaría
constituido, según estos análisis, por el cerco militar de los países vecinos y
la instalación de las FOLs «« Volver
[13] La securitización, dice Waeber (2000),
puede ser analizada directamente a través del estudio del discurso político y
las constelaciones políticas. No se trata de estudiar las motivaciones internas
o las culturas subyacentes en las políticas de seguridad, sino la constitución
intersubjetiva de una amenaza existencial, cuya aceptación como tal es
compartida por una audiencia, y en tanto tal con el peso suficiente como para
tener efectos políticos sustanciales. En otras palabras, siguiendo la teoría de
J.L. Austin sobre los Speech Acts, Waeber nos dice que para analizar qué se hace
en seguridad, tenemos que mirar lo que se dice de seguridad. No se trata de
preguntarse si lo que se dice es verdad o no, sino cómo lo que se dice
constituye un objeto como una amenaza vital, que justifica medidas
extraordinarias para hacerle frente. ««
Volver
[14] Tickner ha llamado la atención sobre cómo
han sido los propios gobiernos colombianos, incluso mucho más que Washington,
los que han movilizado argumentos para poner la imagen de Colombia en una
situación de emergencia. Por ejemplo, dice que con la normalización de sus
relaciones internacionales que introduce Pastrana, Colombia pasó de ser el "país
paria" de la época de Samper, a ser un "país problema", con tendencias a
convertirse en un "país contaminante" (2003:420). «« Volver
[15] Vladimiro Montesinos hablando con Eduardo
Calmell del Solar, ex director del diario Expreso. 15 de abril de 2000, citado
en Jochamowitz (2002:76). «« Volver
[16] Documento desclasificado 1997 LIMA02792 del
30 de abril de 1998. Durante la gestión del ex embajador Denis Jett, las
relaciones entre la embajada y el régimen se enfriaron notablemente. «« Volver
[17] En su informe del año 2004 sobre la
corrupción en el mundo, la organización Transparencia Internacional (2004) dice
que el de Fujimori fue uno de los siete regímenes más corruptos de la historia
moderna en el mundo y que en América Latina, el único que lo sobrepasó fue el
dictador haitiano Francois Duvalier, "Baby Doc" que reinó en Haití entre 1971 y
1986. Ugarteche (2004) aclara que lo que dice Transparencia Internacional sólo
se refiere a la corrupción "administrativa", que es la menor y que actúa como
impuesto. La gran corrupción, según Ugarteche, es aquella que acompaña al gran
dinero y que involucra normalmente a los jefes y partidos de gobierno. «« Volver
[18] Conversación de Vladimiro Montesinos con
los empresarios de radio y televisión Ernesto Schutz y Manuel Delgado Parker. 25
de agosto de 1999. Congreso de la República del Perú. Segunda Legislatura
Extraordinaria. Transcripción de los videos 1677 y 1679. «« Volver
[19] Sobre la política antidrogas durante la
época de Fujimori y su relación con las políticas estadounidenses, ver Rojas
(2004). «« Volver
[20] Conversación de Vladimiro Montesinos con el
periodista Patricio Ricketts Rey de Castro. «« Volver
[21] Montesinos en reunión con los comandantes
generales de las fuerzas armadas. 26 de noviembre de 1999. (Jochamowitz
2001:75)«« Volver
[22] Montesinos en una reunión con funcionarios
estadounidenses no identificados. 22 de julio de 1999. «« Volver
[23] Montesinos en una reunión con periodista
Patricio Ricketts Rey de Castro. 12 de enero de 1998. Énfasis añadido. «« Volver
[25] Montesinos en una reunión con un alcalde y
un ministro. 12 de junio de 1999. Énfasis añadido. «« Volver
[26] Montesinos en una reunión con el empresario
de televisión Crousillat y la estrella de TV Guisella Valcárcel. 5 de enero de
1999. Para más sobre Montesinos y Colombia, ver Jochamowitz (2001:75-78). «« Volver
[28] Supra. Montesinos se jactaba además de que
su opinión era requerida por Washington respecto a qué hacer en Colombia. «« Volver
[29] La secretaria de estado de Estados Unidos,
Madeleine Albright, no visitó Perú durante una gira por toda Latinoamérica que
realizó por aquellos días. El mensaje que el Departamento de Estado enviaba era
que no estaban contentos con el desempeño del gobierno peruano en materia
electoral y democratización. Fujimori se quejó de dicha actitud en la
conferencia de prensa. Ver Bowen y Corrigan (2004). «« Volver
[30] Una directiva del Departamento de Estado
dice: "...we no longer view Montesinos as having any role in the Peruvian
government. Furthermore, there should no be USG contacts with Montesinos"..
Documento desclasificado STATE180295 del 20 de septiembre del 2000 p. 2. «« Volver
[31] Es importante destacar que el discurso de
derechos humanos jugó un papel importante en la caída de Fujimori. A diferencia
de lo que ocurre en el pos 11 de septiembre, durante la Administración Clinton
la ayuda militar y antidrogas estadounidense continuaba condicionada al
desempeño en materia de derechos humanos de los países receptores. El general
McCaffrey tuvo muchos problemas para justificar ante el congreso de su país su
apoyo al régimen peruano, y las relaciones de la embajada con el régimen se
enfriaron durante la gestión del ex embajador Dennis Jet, a consecuencia del
tema de derechos humanos y democracia. La fuerza perrormativa del discurso de
derechos humanos perturbó los planes del régimen y sus amigos. Para más sobre
este tema ver, Youngers (2003) y Rojas (2003; 2004). «« Volver
[34] En la XVI Cumbre Presidencial del Grupo de
Río, llevada a cabo en el Cusco, en mayo del 2003, el Perú apoyó la propuesta
del Ecuador respecto de una solución pacifica y negociada del conflicto
colombiano. La cumbre presidencial acordó de pedir al Secretario General de las
Naciones Unidas que interpusiera sus buenos oficios para impulsar el proceso de
paz y exhortar a los movimientos guerrilleros a firmar un acuerdo de cese de
hostilidades y entrar en diálogo para llegar a una solución pacífica y
definitiva al conflicto. (Caretas "Latinoamérica en Capilla" Lima, 29 de mayo
del 2003. «« Volver
[35] Entrevista del autor con Gino Costa, ex
vice ministro y ministro del Interior del gobierno de Toledo, entre julio del
2001 y enero del 2003. Lima, 28 de agosto de 2004. «« Volver
[36] Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú, En el Libro Blanco de la Defensa Nacional, elaborado durante el régimen
democrático, se establece que la intensificación de la lucha contra el
narcotráfico, en particular en Colombia, y "su alianza con el terrorismo" podría
constituirse en una amenaza a la seguridad nacional del Perú. Según el
documento, esta intensificación de lalucha contra el narcotráfico y "el
terrorismo" podría originar "el desplazamiento de esta actividad y otras conexas
hacia nuestro territorio, incrementando el tráfico de armas, lavado de dinero,
corrupción de funcionarios y criminalidad, amenazando la economía del Estado,
los usos, las costumbres y la salud de la población, lo que configuraría una
amenaza a la Seguridad Nacional". Énfasis añadido para hacer notar el carácter
potencial, y nunca efectivo, de la "amenaza" colombiana. «« Volver
[38] Al respecto, el boletín En la Mira del
Instituto de Defensa Legal señaló: "llama poderosamente la atención la cantidad
de autorizaciones de ingreso al país de personal militar extranjero, en
particular personal militar norteamericano. Si revisamos dichas autorizaciones
nos damos con la sorpresa de que la mayoría de ellas están destinadas a realizar
investigaciones o trabajos operativos en la zona de la selva peruana,
investigaciones sobre efectos de las enfermedades tropicales o aspectos
operativos como establecimiento de radares y otros". Boletín En la Mira, N° 3,
Abril del 2003. pp. 12 Instituto de Defensa Legal, Lima, Perú Ver también
Boletín En la Mira N° 7 agosto 2003 pp. 10. Para una lista de las autorizaciones
de ingreso ver en especial los números del año 2003. http://www.defensaidl.org.pe/boletin/«« Volver
[39] Entrevista del autor con José Robles y Ana
María Tamayo, investigadores del Instituto de Defensa Legal sobre temas de
Defensa Nacional. Lima, julio de 2004. ««
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[40] Entrevistas del autor con los ex ministros
del Interior del gobierno de Toledo. Gino Costa y Fernando Rospigliosi. Lima 28
de agosto de 2004. «« Volver
[41] Aurelio Loret de Mola, ministro de Defensa
(2001-2004) en "Nunca se han producido enfrentamientos entre las FFAA y las
FARC" Lima, 22 de febrero de 2002. Entrevista con Agencia Perú, http://www.agenciaperu.com/entrevistas/2002/feb/loretdemol.htm«« Volver
[42] Al respecto, ver Rojas (2004), Rocken et
al., eds., (1999). Para una lectura distinta, ver McClintock (2003). «« Volver
[43] Como parte de la campaña contra el régimen,
la prensa cercana a Fujimori sostuvo que en realidad no había que pensar la
presencia de las FARC en términos de su incursión por la frontera, sino de su
control del mercado del narcotráfico colombiano que influía directamente en el
Perú. Ninguna autoridad peruana ha encontrado algún indicio que dé sustento a
este argumento. (Entrevista con Costa y Rospigliosi Lima, agosto de 2004 ). «« Volver
[44] La erradicación forzosa de la hoja de coca
alimentó el crecimiento de Sendero Luminoso en la selva peruana, durante los 80.
El gobierno de Fujimori suspendió dicha política a principios de los 90, como
parte de su estrategia contrainsurgente. La erradicación forzosa fue reiniciada
en 1996, cuando Sendero Luminoso había sido ya virtualmente derrotado. Para más
sobre este tema, ver Rojas (2004). ««
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[45] Para más sobre la política antidrogas en la
época de la transición ver, Rojas (2003). ««
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[46] Entrevista del autor con José Robles y Ana
María Tamayo, investigadores del Instituto de Defensa Legal, Lima, Perú. Lima,
julio de 2004. «« Volver
[47] Ver más sobre esto en otra parte de esta
publicación. Para un buen recuento sobre el periodo de Uribe ver, Tickner
(2003), Isacson y Vaicius (2003). ««
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[48] La República "Entrevista con Alvaro Uribe
'Que las FARC se decidan a negociar y que abandonen el terrorismo"' Lima, 25 de
mayo de 2003. Está fuera del alcance de este artículo en qué medida Uribe recrea
elementos del "modelo Fujimori". ««
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[49] Después de los atentados del 11 de
septiembre, el estudio académico sobre "redes terroristas", haciendo uso de la
teoría de redes creció exponencialmente en Estados Unidos. Por ejemplo, ver:
(Rothenberg 2002; Krebs 2002; ArquilayRonfeldt2001). «« Volver
[50] Para un interesante análisis de cómo los
académicos estadounidenses han vinculado los conceptos de "terrorist network" y
"failed states", ver Takeyh y Gvosdev (2002). En América Latina el concepto fue
puesto en circulación por el ex jefe del Comando Sur, general James T Hill.
Hill, además, introdujo otra categoría de amenazas vitales para Estados Unidos
como el "populismo radical" y las "pandillas callejeras". Para más, ver Isacson
et al (2004). «« Volver
[51] Patria Roja es un partido de la izquierda
maoísta que controla el sindicato magisterial y gremios estudiantiles en varias
universidades nacionales y que es activamente opositor del gobierno Salvo la
existencia de un video policial que registra el encuentro entre un presunto
miembro de las FARC y otro de Patria Roja, en el que el primero hace entrega de
una suma de dinero al segundo, no hay ninguna evidencia consistente de que las
FARC hayan establecido conexiones políticas sólidas en el Perú y que estén
detrás de, por lo menos, parte de las movilizaciones sociales. (Entrevista con
ex ministros del Interior Gino Costa y Fernando Rospigliosi). «« Volver
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